El proyecto de reforma fiscal que presentará el Gobierno está prácticamente listo, y sólo espera por los toques finales para darlo a conocer, aunque de entrada las autoridades están persuadidas de que se trata de un tema que es imposible que encuentre consenso en la sociedad, sea por el lado del gasto o de los ingresos.
Pero en cuanto a la reducción del gasto, que es uno de los primeros reparos que se hacen al hablar de reforma fiscal, y para restarle validez, desde el Gobierno se maneja que es uno de los más bajos de la región (19.3% del PIB), sólo por encima de Haití, Guatemala y Costa Rica.
Además, se alega, se ha dado un primer paso en firme con la aprobación de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que se yergue como “camisa de fuerza” por el constreñimiento a que obligará, lo que se verá reflejado, y comprobado, en el Presupuesto General del Estado para 2025.
Sobre esta ley se ha destacado desde el Gobierno que será un hito de transparencia para República Dominicana y que asegura la inversión de los recursos de manera disciplinada y correcta.
Desde esa óptica -según se ha explicado- ofrece garantía, en los próximos años, de estabilidad económica y financiera, y que lleva confianza a los mercados.
La Ley de Responsabilidad Fiscal significa que el Gobierno reducirá la acumulación de deuda y contará con un marco adecuado para obtener la política fiscal y darle mayor previsibilidad y confiabilidad.
Hasta su promulgación, República Dominicana era uno de los pocos países que no contaban con un marco explícito de reglas fiscales para la conducción de las finanzas públicas.
Sobre el tema de la eliminación del anticipo para las personas físicas, se pondera su impacto en los “pequeños”, o microempresarios, para los que habría que contemplar alguna flexibilidad por lo que podría acarrear el que tuvieran que pagar “todo junto”.
En fuentes confiables, elCaribe fue enterado de que entre los sectores que serán “tocados” con la reforma fiscal figuran los productivos y el hogar, entre otras instituciones. Lo captado a través de la reforma fiscal iría a Seguridad Ciudadana (RD$52,170 millones), Transporte (RD$76,358 millones), Salud (RD$10,870 millones), Protección Social (RD$5,670 millones), Agua y Saneamiento (RD$170,000 millones), Recapitalización del Banco Central (RD$22,233 millones) y Sector Eléctrico (RD$18,000 millones).
Para recapitalizar el Banco Central, en un lapso de 15-20 años, habría un aumento de 0.3% del PIB (actualmente es 0.6%), y en el sector energético estaría destinado a mejoras de las redes eléctricas y en la parte de distribución.
Los ejes del proyecto
Los ejes del proyecto descansarían en: 1. Recaudar para protección social; 2. Programa de inversión pública; 3. Reglas claras, iguales para “todo el mundo”, para perseguir la evasión. 4. Modernización del sistema tributario.
Esa modernización consistiría en reforzar la administración para reducir el fraude, ampliar la base impositiva y disminuir la informalidad, simplificar y garantizar eficiencia, y aumentar la equidad del sistema.
Los escollos
Entre las mayores distorsiones que darían justificación a la implementación de una reforma fiscal figura la del sistema tributario, en aspectos como: a) Proliferación de incentivos; b) Exenciones generalizadas del ITBIS; c) Baja recaudación en personas físicas: e) Baja recaudación por impuesto al patrimonio (inmueble). f) Alta evasión y elusión; g) Los incentivos al fideicomiso privado.
Para qué la reforma
Los elementos justificados de la reforma fiscal estarían en tres direcciones: 1. Atender las demandas de la población (servicios básicos); 2. Evitar que la deuda siga creciendo (dar sostenibilidad a las finanzas); 3. Aumentar la transferencia para la recapitalización del Banco Central.
En un artículo emitido en julio pasado por su Departamento de Programación Monetaria y Estudios Económicos, el BCRD indicó que en los últimos años, junto con el Ministerio de Hacienda, se han estado evaluando alternativas para una modificación a la Ley de Recapitalización del organismo, luego de que en el 2020 el Senado aprobara un anteproyecto de ley.
Según lo explicado para entonces, se trata de un nuevo plan cuya implementación permitiría su recapitalización definitiva en un plazo razonable y fiscalmente viable.
Además, este plan contribuirá a mantener “la alta credibilidad de la política monetaria y el anclaje de las expectativas de inflación a la meta”, dijo el BCRD en el referido documento. Notificó que el proyecto se trabaja luego de recibir asistencia técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de evaluar otras experiencias internacionales que han abordado desafíos similares a través de programas de largo plazo.
De tipo fiscal…
Entre las distorsiones que darían justificación a la implementación de una reforma figura la del sistema tributario.
Tomado de El Caribe
