El Ministerio Público hará la solicitud de medidas de coerción en las próximas horas en contra del exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortíz, conjuntamente con 50 personas, según se informó en la cuenta de Twitter de la Alianza Dominicana.
De acuerdo con Adocco, se plantea la devolución de 2 mil millones a través de admisión de hechos, «lo cual no debería ser utilizado como un salvoconducto para algunos de los involucrados».
Tras unos seis meses sin exposición pública de aspectos relacionados a la pesquisa que la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) sigue a Guerrero, el tema vuelve a «calentarse en la última semana», indicó la fuente.
«A las informaciones dadas por la Cámara de Cuentas, de que avanza una auditoría al exfuncionario a solicitud de la Procuraduría General de la República, se suman comentarios de figuras políticas que anuncian acciones prontas de parte del órgano acusador», agrega.
Empero, a la fecha todavía no hay informes oficiales sobre la suerte de las indagaciones en curso, pese a que han pasado ya dos años desde que el exministro fuera llamado a interrogatorios de parte de la Procuraduría.
A Donald Guerrero se le investiga por alegadamente ser parte de una red mafiosa que estafó al Estado con unos 17,000 millones de pesos, mediante la cesión de crédito para reclamar presuntas deudas públicas por expropiación de terrenos.
En esa presunta red, que habría accionado durante su gestión como ministro de Hacienda en el mandato de Danilo Medina, también estarían implicados varios exfuncionarios y empresarios, conforme se desprende de una autorización de información financiera que emitió, el 23 de agosto de 2022, la jueza coordinadora de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, a favor de la Pepca, Kenya Romero.
En el documento, bajo la firma del titular de la Pepca, Wilson Camacho, se detalla que «bajo las instrucciones del ministro de Hacienda se realizaron maniobras fraudulentas con el objetivo de sustraer del erario público la cantidad de RD$19,653,871,513.80, por concepto de acuerdos transaccionales, «de los cual hemos (el Pepca) identificado que lograron sustraer RD$17,300,642,051.07 por operaciones relacionadas con expropiaciones de terrenos en áreas protegidas».
También añade que la «simulación de compra y venta de terrenos bajo la modalidad de deudas administrativas, cuyo elemento común en todas las transacciones o acuerdos firmados entre las partes es el relacionado a contrato de cesión de créditos por más de 10,500 millones de pesos a personas de su entera confianza, que en ocasiones utilizaban sociedades comerciales de carpeta».
