La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa solicitará a los Estados Unidos Mexicanos que someta a la justicia a la senadora Alejandra Lagunes por violación de la Ley de Lavado de Activos de la República Dominicana, dice la acusación presentada en el pasado sábado y la que está en poder de Diario Libre.
“El Ministerio Público tiene pruebas de pagos millonarios en dólares realizados mediante operaciones de pitufeo a la hoy senadora Lagunes, a quién esta investigación ha dejado fuera de las imputaciones por evidentes razones procesales, pero procederá utilizar los canales oficiales de cooperación jurídica internacional, a fin de poner a disposición de las autoridades mexicanas los graves hallazgos que se encuentran bajo la custodia del Ministerio Público de la República Dominicana: ¡Si el crimen no tiene frontera tampoco la debe tener la justicia!”, establecen las autoridades dominicanas.
De acuerdo al Ministerio Público dominicano “al equipo de los mexicanos se les pagaba una dieta de los recursos de la Procuraduría, se le asignó un bien incautado para vivir y se les pagó con fondos público más de dos millones de dólares (USD$2,000,000.00); el órgano acusador tiene pruebas de cómo el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez utilizó mecanismo de pitufeo para lavar activos y su influencia para que el equipo que trabajaba para Lagunes, que entraban salían con frecuencia de la República Dominicana, utilizaran el salón de Embajadores del Aeropuerto Internacional de las Américas”.
Diario Libre intentó contactar a la senadora Lagunes en México, pero no se respondieron múltiples mensajes enviados a la legisladora mexicana.
Asimismo, afirma el Ministerio Público, que luego de la contratación de la empresa mexicana DGI Consultoría Estratégica S.A. De C.V, “el entramado realizó las coordinaciones necesarias para su instalación en República Dominicana. Al equipo de los mexicanos o “Los Tequilas”, como se le denominaba, se les instaló un espacio en un inmueble rentado por un contratista de la Procuraduría, en los Jardines del Embajador, lugar al que se le denominó, el bunker”.
Las autoridades dominicanas alegan que todos los servicios de comunicación contratados con Lagunes se orientaban a la promoción de la imagen del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez.
“Toda esta costosa maquinaria le costó millones de pesos al Estado Dominicano y lo más grave, vergonzoso y lamentable es que se haya hecho desde la institución que tiene la obligación constitucional de ser garante del Estado de Derecho y de promover una cultura de respeto a la ley”, sostienen.
