La red criminal integrada por agentes de la Policía Nacional, acusada de sustraer más de 900,000 proyectiles de la uniformada pudiera recibir como medida de coerción la prisión preventiva, medida que ha sido solicitada por el Ministerio Público.
La petición, presentada ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional por Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) junto a un cuerpo de fiscales, contempla que el caso sea declarado complejo.
Camacho destacó en un comunicado enviado este martes que la solicitud, que consta de 213 páginas, contiene 135 elementos de prueba, suficientes, para que el tribunal acoja la solicitud de prisión preventiva y la complejidad del caso, dada la gravedad del delito. «Este es un caso extremadamente grave, ocurrido dentro de la Policía Nacional, y que pone en riesgo la seguridad nacional de la República Dominicana», afirmó.
El fiscalizador agradeció la colaboración del director de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, y del inspector general, destacando su apoyo en el avance de la investigación. También subrayó que la investigación continúa, incluyendo el rastreo de posibles armas y pertrechos militares.
«Este hecho ocurrió dentro de una de las instituciones del sistema de justicia. Si bien es fundamental que haya transparencia en todo el país, es aún más urgente en las instituciones judiciales. Este es el tercer caso que se inicia contra miembros del sistema de justicia, y seguiremos trabajando para garantizar que opere con plena transparencia», señaló Camacho.
Con respecto a la posibilidad de nuevos imputados, Camacho indicó que la investigación continúa en curso y que, conforme avance, podrían sumarse otros hechos y personas implicadas.
«Los proyectiles sustraídos de la Intendencia de Armas eran vendidos, y estamos rastreando todos los lugares a los que hayan sido distribuidos. Este es uno de los aspectos clave que desarrollaremos durante la investigación», concluyó.
La Operación Pandora, que llevó a la detención de los imputados, fue ejecutada en octubre, luego de una solicitud conjunta del Ministerio de Interior y Policía y el director general de la Policía Nacional.
En ella participaron más de 200 agentes de unidades especiales de la Policía Nacional, la Policía Preventiva, la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim), y más de 40 fiscales, quienes realizaron allanamientos en el Distrito Nacional y en las provincias de Santo Domingo, Santiago, Sánchez Ramírez y Pedernales.
